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Los países miembros de la UE aún ejercen un mayor control sobre las políticas de trabajo y de protección social. Con respecto a las políticas sociales, los tratados de la UE no suelen dar directrices precisas, sino que simplemente ponen algunas limitaciones a las decisiones que adoptan los gobiernos. Aunque es cierto que a la hora de tomar decisiones, el poder del Parlamento Europeo es limitado, todavía puede sugerir algunas recomendaciones a la Comisión Europea cuando ésta tiene que modificar el reglamento del mercado laboral. Tres ejemplos recientes muestran cómo el Parlamento Europeo utiliza su poder en estos casos.

El año pasado, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sugirió analizar las causas de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los eurodiputados consideraron que la legislación sobre esta cuestión era todavía insuficiente. Para promover la igualdad, el Parlamento Europeo propone introducir unas auditorias obligatorias para saber cuánto pagan las empresas, así como imponer eventuales sanciones en caso de infracciones a la igualdad. Además, el Parlamento Europeo quiere dar más expresión a las actividades de aquellos grupos que promueven la igualdad de derechos. Un segundo ejemplo de intervención europeo en el mercado laboral es la aprobación por el Parlamento Europeo, de octubre 2008, de un borrador de una propuesta que regula el trabajo temporal. Ese borrador ha sido negociado previamente por el Consejo de la UE y por los gobiernos. Su objetivo es acabar con el tratamiento desigual que sufren los trabajadores temporales en comparación con los empleados fijos dentro de una misma empresa. De acuerdo con esa propuesta, todos los trabajadores deben recibir el mismo tratamiento en cuanto a sueldo, horas de trabajo, descansos, turnos de noche, vacaciones, formación y representación por parte de los sindicatos. El Parlamento Europeo no se ha mostrado siempre tan sumiso a la hora de aprobar las negociaciones entre los diferentes gobiernos de la UE. En diciembre del año pasado, el Parlamento Europeo rechazó por mayoría absoluta (con 473 votos a favor y 273 en contra) la posibilidad de que algunos países de la UE, en especial el Reino Unido, optasen por no aplicar la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo, que establece el máximo de horas semanales de trabajo en 65. Los que no estaban de acuerdo en que algunos países optasen por no aplicar la directiva temen que el trabajar más horas por semana pueda provocar un dumping social. Además, se quiere asegurar que los trabajadores gocen de una mejor calidad de vida y más seguridad laboral, y evitar conflictos con los esfuerzos por conciliar el trabajo y la vida familiar.

El voto del Parlamento Europeo pone en peligro la solución que, con mucho esfuerzo, consiguieron los países miembros y que permite a los trabajadores y a las empresas alcanzar acuerdos flexibles para sobrepasar el límite de 48 horas. Como respuesta a la decisión del Parlamento Europeo, los gobiernos nacionales y la Comisión consideraron que se debería permitir que, en algunos casos, los estados miembros pudiesen decidir si se adhieren a un acuerdo o no. El voto negativo supone que se tenga que volver a hablar de las características de la Directiva del Tiempo de Trabajo. No está claro si los gobiernos o el Parlamento están dispuestos a encontrar una solución. Algunos eurodiputados ya se han rebelado contra la decisión de sus propios gobiernos y es poco probable que un encuentro de carácter conciliador tenga como resultado una nueva directiva en un futuro próximo. Como consecuencia, esta situación lleva a la Comisión a actuar de árbitro, aumentando su poder para llegar a un acuerdo.

(Fuentes: Calling time on EU opt-out, The Guardian, 19/12/08)

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